Ya la hemos vuelto a liar. Resulta que el CGPJ vuelve a las andadas. Por nueve votos contra ocho, permite a una juez del Registro Civil de Dénia abstenerse de casar matrimonios entre personas del mismo sexo.
Me pregunto: ¿cómo se puede, en una ejecución de una ley que, además, no atenta contra la libertad sino que, en todo caso, amplía las libertades individuales, objetar uno de ella? Esto de la objeción de conciencia en cargos públicos debería limitarse por un comité de sabios que analice la cuestión. Es indignante que exista, en el ámbito del funcionariado y de la burocracia del estado, alguien que se plantee que puede objetar cuando está realizando un bien ciudadano para el que fue contratado como mero brazo del estado de derecho. Entre ésto y la condena que pusieron de 1500 euros al juez que, por dejadez de funciones, permitió, por su inacción, que un pederasta asesinara a una niña (el famoso caso de Mari Luz), la sociedad está que no se lo explica. Demanda responsabilidades políticas. Los grandes partidos tienen que llegar a consensos sobre éstas materias de forma inmediata.
Y, ya que estamos de pedigüeños, cambiar la ley electoral: basta de que minorías regionales intervengan en beneficio propio en asuntos que competen a todo el país. Fue un sistema creado en un momento histórico determinado, pero no puede ser que un partido con un millón de votos tenga menos representación parlamentaria que otro con trescientos mil. Si el voto cuenta, que cuente por igual para cada ciudadano y que se vea representado. El sistema no es justo -¿un hombre, un voto?- y no está bien diseñado, por más que lo intenten justificar. ¿Que el resultado de la ecuación no resulta? Oiga, tiene usted una ecuación preciosa y divina, pero me tocan menos peras de las que deberían tocarme.
Lo mismo ocurre con las farmacias: ahora resulta que, en varias ciudades, no solo no se da píldora abortiva, porque no la compran, sino que, aún peor, no venden preservativos. Los preservativos no son una cuestión moral: es una cuestión que va más allá de la protección frente a embarazos no deseados, puesto que es ¡una cuestión de salud pública! Ahí debería entrar la administración como un elefante en una cristalería, puesto que las farmacias tienen una concesión del estado, y exigir la venta de éstos productos y, a los que se nieguen, sanción ejemplar. Me da igual, absolutamente, el cargo de conciencia de los respectivos farmacéuticos. Les diría a aquellos que, estando a disposición del público, se acogen a la objeción de conciencia (legítima, sin duda, pero no aplicable en éstos casos como excusa) para negarse a cumplir leyes y servicios: oiga, cambie usted de profesión.
Y cada uno en su casa y Dios -o Marx- en la de todos.
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